Declaración 07-2006

DECLARACIÓN N° 7

VISTO
El Expediente N° 2006-00337-6, caratulado Bloque Socialista – Concejales Vicente y Heras – presentan proyecto de Declaración expresando el más enérgico repudio a la intimidación a Jueces, Fiscales, Funcionarios, testigos y  personalidades de los Organismos de Derechos Humanos, y

CONSIDERANDO
Que este accionar no es solamente una forma de intimidar para que no se sigan realizando los juicios por crímenes de lesa humanidad, sino que es un ataque al Estado de Derecho y a la Democracia.
Que estos hechos son de enorme gravedad institucional y confirma que los represores, si lo hubiere, siguen actuando desde adentro o fuera del Estado, amparados en el anonimato.
Que después de  la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final comenzaron a ser elevadas a juicio oral las causas judiciales que se habían visto interrumpidas por la sanción de dichas Leyes de impunidad. De esta forma se reabrieron muchas causas que involucran a más de mil ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Que el primer genocida en ser  juzgado es Etchecolatz, de quien, por su conducta, modifica de manera total el resto de las condenas y los juicios por venir de todos aquellos participantes en estos aberrantes hechos.
Que el calificativo de genocida, o más bien el genocidio, no se encuentra tipificado en nuestro Código Penal, cosa realmente grave. No obstante, la Convención de las Naciones Unidas lo ha definido como “La negación del derecho a la existencia, la destrucción total o parcial de una raza o grupo humano por razones étnicas, raciales o religiosas, la lesión grave a la integridad física o mental de esos miembros, el sometimiento intencional del grupo, las medidas destinadas a impedir el nacimiento dentro del grupo y el traslado de niños y niñas nacidos dentro del grupo a otro grupo.”
No tenemos mucho que revisar para darnos cuenta, de que en la descripción anterior encuadran perfectamente los hechos sistemáticos ocurridos durante la ultima dictadura genocida, aunque no se mencione el exterminio, persecución o destrucción por razones políticas.
Los hechos protagonizados por el genocida recientemente condenado, formaban parte de un plan ampliamente probado, que llevaba como consecuencia el exterminio, sometimiento y desaparición de todas aquellas personas que pertenecieran al grupo que pensaba en forma diferente a la dictadura militar y por lo tanto eran enemigos del poder. La identidad del grupo es lo que determina su sentencia de muerte o desaparición forzada. La política de exterminio era dirigida a personas que pertenecieran o se sospechara su pertenencia al grupo considerado enemigo del poder.
En nuestro País, así como en los países del sur en los que se planificó y se llevó a cabo el Plan Cóndor, el objetivo era eliminar, ya sea por la desaparición o por la muerte directa a  aquellos que pensaran diferente y que fueran obstáculos para el desarrollo del plan político, económico y social que planificaron con la participación en primer grado del Gobierno de los Estados Unidos.
Que la Doctrina de la Seguridad Nacional, en la que se había instruido la mayor parte de la jerarquía militar de la época, los preparo para la represión interna y no para la defensa de los verdaderos intereses del País (hecho demostrado en Malvinas).También detrás de los militares estuvieron los que alguien denominó “Asesinos de Escritorio”, que son los grupos económicos que usufructuaron – y aun lo continúan haciendo – el modelo económico instalado. Que si los partidos democráticos no se movilizan ante los hechos, y ante las reacciones de estos grupos que aún subsisten y que resurgen cuando se tocan sus intereses, se corren serios riesgos, sobre todo cuando la misma Democracia aún no encuentra respuesta para solucionar problemas básicos de la sociedad, que puede buscar soluciones mesiánicas en estos sectores reaccionarios ocultos en los pliegues de la misma.
Que los derechos humanos son una praxis de la política, y abarcativos   de aspectos esenciales del ser humano. Por eso, también es preciso señalar que tampoco deben estar limitados al discurso de los 70’ (sin dejar de reclamar verdad y justicia), sino en la práctica y concreción de los derechos humanos aun sin cumplimentar: vivienda, salud, educación, trabajo, seguridad, respeto a las minorías, etc. Sin estos elementos se corren serios peligros de repetir trágicos hechos, porque si bien la democracia puede absorber un nivel de conflictividad social muy superior a cualquier totalitarismo, en ciertas ocasiones, como por ejemplo en un rápido proceso de cambio, sus marcos pueden verse desbordados y volvernos a arrastrar a las ciénagas de la dictadura.
Por esto, los partidos políticos deben estar atentos ante el avance de estos sectores reaccionarios que ante cualquier intento de ejercer la verdad y la justicia, reaccionan violentamente como en el caso de Julio López, instalando el miedo que es el mecanismo paralizante y generador de condiciones para el fascismo en muchos sectores de la sociedad.
“La instalación del miedo apunta, sin duda, al atontamiento de los pueblos, el miedo vuelve zonzo a los pueblos, los vuelve manipulables. Los “mete  miedo”, saben que un pueblo atontado, sofocado por el terror, es un pueblo zonzo, de aquí que la metodología de estos grupos fascistas sea siempre  asustemos, asustemos. Hay que meterles miedo hasta enloquecerlos. Hasta que sean nuestros. Zonzos de tanto miedo y nuestros, porque nos necesitan para librarse de él. Entonces, nos van a llamar, ¡Orden, queremos orden, impongan el orden, no importa como pero vivamos seguros!. El miedo siempre lleva a los hombres a poner la seguridad por sobre la libertad, las garantías individuales y los derechos humanos. Esto es lo que la Democracia debe evitar.

POR ELLO
El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades:

DECLARA

Artículo 1°: El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, expresa su más enérgico repudio a toda forma de intimidación a Jueces, Fiscales, Funcionarios, testigos o personalidades de los Organismos de Derechos Humanos.

Artículo 2°: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y al Gobierno de la provincia de Mendoza, el desmantelamiento de los restos del aparato represor, si lo hubiere, a los efectos de evitar hechos de estas características.

Artículo 3°: Reclamar la aparición de Jorge Julio López.

Artículo 4°: Solicitar  a los Gobiernos  Nacional y de la provincia de Mendoza, que brinden la protección necesaria a los Jueces, Fiscales, Funcionarios y testigos o personalidades de los Organismos de Derechos Humanos que se vean amenazados por su actuación al expresar sus opiniones políticas.

Artículo 5°: Remitir copia de la presente Declaración al Presidente de la República Argentina, Doctor Néstor Kirchner; al Gobernador de la Provincia de Mendoza, Ingeniero Julio Cobos; a la Legislatura Provincial; a los Concejos Deliberantes de Mendoza; a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza y a las Organizaciones de Derechos Humanos.

Artículo 6°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos  e insértese en el Libro de Declaraciones de este Cuerpo.

Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 24 días del mes de octubre de 2006.

Cpde. Expte. Nº 2006-00337-6 C.D.