Declaración 23-2008

DECLARACION Nº 23

VISTO
Que el INDEC se encuentra sumido en una crisis institucional sin precedentes, que se inicia en enero del 2007 a raíz de la intervención del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se agrava con su extensión a otros programas del Instituto, como por ejemplo los indicadores de Pobreza e Indigencia y el Estimador Mensual Industrial, implicando el desplazamiento de directores, profesionales y equipos técnicos completos que se opusieron a las maniobras de manipulación estadística. Este serio desorden en el organismo se profundiza seriamente en noviembre, con el despido de los empleados desplazados, que son sustituidos por personal sin experiencia, ni capacitación. Se inician acciones judiciales, en donde se investiga la adulteración de índices y la violación del secreto estadístico, y en donde varios de los funcionarios y empelados cesanteados son declarantes. En las acciones de manipulación citadas obra sospechado el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Este panorama, marca un proceso de deterioro institucional del INDEC, que desmorona la historia y prestigio de un organismo modelo, quebrantando la confiabilidad de la ciudadanía y de la comunidad internacional, siendo por tanto urgente su resolución, y

CONSIDERANDO
Qué es deber de todo cuerpo político, sobre todo de aquellos de naturaleza parlamentaria como este Concejo Deliberante instalar el debate sobre aspectos nacionales, provinciales o departamentales que tengan consecuencias en la trama institucional de nuestro sistema político. En tal sentido, el grave proceso de deterioro sufrido por el INDEC, organismo símbolo en materia de planificación de estadísticas publicas en Latinoamérica, no puede permanecer ausente en las discusiones políticas de este cuerpo.
Por ello proponemos con esta declaración, pasar revista respecto de la razón de ser y finalidades publicas de este organismo, detallar el proceso de sistemático deterioro que viene presentando, como consecuencia de una indebida intromisión política, ajena a sus ejes fundacionales; exponer los efectos negativos de ese proceso y su inconveniencia para la fortaleza pública nacional;  y finalmente  proponer en voz alta, la necesaria defensa del INDEC, como un organismo independiente y de alto perfil técnico; a cargo de la planificación científica de los datos públicos, sobre la base de metodologías e información objetiva y veraz; y como herramienta de diagnóstico idónea para la formulación de políticas publicas; declarándonos abiertamente opositores a cualquier maniobra de manipulación y sojuzgamiento del Instituto.

I.- El INDEC – Organización – Funciones – Personal – Importancia:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC – es el organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la República Argentina.
Su creación y funcionamiento está reglamentado por la Ley 17.622 y el Decreto 3110/70, así como el Decreto 1831/93.
Creado en 1968, el INDEC es desde sus orígenes un Organismo del Estado descentralizado, con autonomía y presupuesto propio. Su tarea no es sólo el cálculo de los índices de precios, incursiona también en aspectos económicos, poblacionales, de salud, pobreza e indigencia, entre otros.
La ley le confiere responsabilidad directa en el diseño metodológico, organización y dirección de los operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas, la elaboración de indicadores básicos de orden social y económico y la producción de otras estadísticas básicas.
El INDEC también tiene la responsabilidad de coordinar el Sistema Estadístico Nacional (S.E.N.), bajo el principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva. Esto significa que el INDEC es responsable del desarrollo metodológico y normativo para la producción de estadísticas oficiales, asegurando la comparabilidad de la información originada en distintas fuentes.
El Sistema Estadístico Nacional está integrado por los servicios estadísticos de los organismos nacionales, provinciales y municipales.
En cada provincia existe una Dirección de Estadística -DPE- dependiente del gobierno provincial. Dichas Direcciones coordinan los Sistemas Estadísticos Provinciales, e intervienen en la captura, ingreso y procesamiento de información a nivel provincial. Esta es consolidada por el INDEC o por otros servicios nacionales para la obtención de información a nivel nacional.
La producción de información estadística se realiza a través de distintos métodos de captación de datos (censos, encuestas, registros administrativos, etc.), que permiten la confección de indicadores en relación a diferentes áreas temáticas.
Además de su función rectora del Sistema Estadístico Nacional el INDEC tendrá la responsabilidad directa de producir los censos nacionales de población y vivienda, económicos y agropecuarios; las estadísticas agropecuarias ínter censales de las principales variables (responsabilidad compartida con la Secretaria de Agricultura, Ganadería y pesca); las estadísticas de los principales productos agropecuarios de las economías regionales (en coordinación con las Provincias); el avance en la utilización estadística de imágenes satelitales (en colaboración con el INTA); las estadística de desempleo; las demográficas; las de ingresos y gastos de los hogares; los índices de precios mayoristas, minoristas y costos de la construcción; las estadísticas del movimiento comercial y de los servicios.
Deberá publicar todos los años el Anuario Estadístico de la Nación en el que se reflejará toda la producción estadística relevante del Sistema Estadístico Nacional.
La normativa, fija pautas obligatorias respecto del personal que cumple funciones en el organismo. El art. art. 30 de la Ley 17.622, refiere que: “el personal técnico del INDEC sólo podrá ser nombrado previo concurso de oposición y/o antecedentes ante un jurado presidido por el Director e integrado con dos funcionarios del Instituto que el mismo designe”. Por su parte, el art. 31º, dispone que: “Los cargos directivos y técnicos deberán ser desempeñados por egresados de universidades argentinas con títulos que acrediten una sólida formación en las disciplinas estadísticas”.  Finalmente, prevé un riguroso sistema de formación y capacitación permanente del personal, a través de becas y cursos, destinados a garantizar la continuidad y profesionalismo de sus funcionarios. 1

II.- Un Organismo Modelo – Su reconocimiento Internacional:
Por historia, profesionalismo y rigor científico de sus metodologías de trabajo, el INDEC goza de enorme reconocimiento internacional.
La calidad de las encuestas, normas, criterios y metodologías empleadas para el relevamiento de datos, su procesamiento y cálculo final, están regidos, aprobados y auditados, por instituciones como la OIT y la CEPAL, siendo tales desarrollos en el curso del tiempo, la muestra fiel de una trayectoria bien ganada y consolidada.
Vale tener presente, que las entidades oficiales de estadística y censo de los distintos países, vienen desarrollado metodologías uniformes, sobre la base de técnicas y procedimientos probados y aceptadas universalmente por consenso, de modo tal que la información producida por un país resulte cada vez más comparable con la de otros, especialmente en un mundo interconectado.
Nuestro INDEC desde hace décadas, aplica las mismas metodologías de los países de mayor relevancia internacional, comparable al INE Español o a su homólogo alemán; siendo considerada la entidad de estadísticas más importante de América del Sur. Además mantiene acuerdos de cooperación con Inglaterra, Francia, Italia, Canadá, Italia, y España.
Este organismo con tres décadas de prestigio nacional e internacional, tras la intervención de Moreno, hizo de la Argentina un país sin certezas estadísticas, equiparada a la situación de algunos países de  África, donde ningún organismo nacional o internacional tiene datos creíbles. A ese nivel de destrucción de su sistema estadístico se ha situado la Argentina, perdiendo la reputación que bien ganada tenía en el concierto de naciones.
Por todo ello, resulta indispensable bregar por acciones de defensa de lo mejor de este organismo de relevancia para la elaboración de políticas públicas y promoción de inversiones, ya que es una institución que los argentinos debemos y merecemos preservar.

III.- Maniobras perjudiciales de intromisión al INDEC – Afectación ciudadana:
La autonomía y rigor técnico del organismo, que expusimos como virtudes fundacionales del organismo, en ocasiones disgustan a los gobiernos de turno, ya que sus informes suelen contraponerse a las expectativas o intereses del poder gobernante, quien en no pocas oportunidades ha intentado obviar sus resultados, o sencillamente construir información paralela, juzgar erróneos sus criterios de medición, o simplemente plantear disconformidad con sus indicadores.
A modo de ejemplo, observamos que en tiempos de la dictadura militar,  Martínez de Hoz elaboró un índice de costo de vida que no contemplaba la carne como forma de contener la inflación; más tarde Cavallo cuestionó los indicadores de desempleo porque decía que su política tendía a crear empleo; más recientemente Néstor Kirchner señaló que se medía mal la pobreza, cuando esta crecía exponencialmente. Incluso a poco de asumir la ministra Miceli mostró su disconformidad con la forma en que se calculaba el ingreso de los más pobres, porque no se contemplaban los ingresos indirectos, claro que no tenía en cuenta los ingresos indirectos de los más ricos.
Claro está que siempre hay una tensión con los gobiernos, a quienes molesta su autonomía cuando los resultados no les resultan políticamente convenientes.
Pero el caso de mayor avasallamiento realizado en toda la historia del organismo, viene siendo realizado por el actual gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner,  y ha consistido en intervenir y falsear en forma directa y sistemática los datos de las estadísticas públicas, para presentar índices ajenos a la realidad económica social, utilizando para ello el desmantelamiento de las metodologías de recopilación, procesamiento, registro y medición de información, y el desplazamiento del personal técnico especializado a cargo áreas y funciones claves del organismo.
Un antecedente de similar atropello a la producción de estadísticas oficiales sólo puede encontrarse durante la dictadura pinochetista.
Desde este Concejo alertamos sobre los alcances y consecuencias negativas que pueden derivarse a futuro de estas medidas, ya que por ejemplo, la adulteración de la base de datos del I.P.C. es un hecho sumamente grave, ya que provoca daños irreparables, puesto que nunca se podrá recuperar la información perdida. Por otra parte, mediante la falsificación y manipulación de los datos estadísticos se tergiversa la información real, que se obtiene a través de la labor de los encuestadores sobre las fluctuaciones económicosociales y que luego conformarán los índices de aumento de precios de consumo o canasta familiar, de inversión, de producción, de desocupación, de trabajo marginal, de pobreza, – por citar solo los más importantes -, y con ello se alteran sensiblemente indicadores esenciales para marcha de la economía, los negocios y la planificación social.
De más está aclarar que la veracidad y certeza de todos los índices son de suma importancia para el planteo y planificación de políticas económicas y sociales, públicas o privadas;  por ejemplo, los trabajadores al momento de solicitar aumento en sus salarios, utilizan como referencia el I.P.C. Este índice también es un dato clave para medir el rendimiento de ciertos títulos públicos emitidos por el Estado Nacional, ajustables por el costo de vida, es decir por el CER.
En otro orden de ideas, los datos relevados por el INDEC, importan una expresión del derecho a la información, y como tal no pueden ser objeto de manoseo, pues están llamados a representar con el mayor grado de mayor exactitud el estado actual y preciso de la realidad que pretenden valorar. Solo así tienen sentido y pueden servir de utilidad.
Para cerrar este eje de abordaje, palpamos claramente que la manipulación de las estadísticas públicas, es un problema que afecta a toda la sociedad y violenta un derecho básico, como lo es el derecho a la información, imprescindible en una sociedad republicana, libre y democrática. Es por ello que nos urge alzar la voz en defensa de este organismo público nacional.

IV.- Síntesis de los hechos sobre el proceso de deterioro institucional del INDEC.
La secuencia de hechos “inéditos” que se desencadena sobre el INDEC, se inicia  el día 29 de enero de 2007, cuando  fue desplazada de su cargo la Directora del Índice de Precios de Consumo, Graciela Bevacqua (quien se había negado a entregar información a funcionarios ajenos al organismo, lo que habría representado una violación del secreto estadístico), siendo su lugar ocupado, de hecho, por Beatriz Paglieri, (funcionaria ligada al Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno) que hasta ese momento era delegada del Ministerio de Economía con funciones de «veedora»,y que no contaba con antecedentes profesionales en la producción estadística. Su designación como Directora se publicó en el Boletín Oficial el 6 de febrero, dos días después de la publicación del IPC-GBA de enero de 2007.
A partir del comienzo de esta intervención ocurrieron diversos hechos escandalosos en el Instituto, en principio reiterados intentos de violar el secreto estadístico amparado por la ley N° 17.622 que prohíbe la divulgación de información que permita la identificación de los informantes. Además los trabajadores del sector comenzaron a recibir órdenes impartidas de forma verbal y con carácter «confidencial» (según palabras de Paglieri), contrarias a criterios metodológicos de aplicación generalizada en la elaboración de estadísticas. Se aplicaron cambios en la construcción del  Índice, sin el análisis y la discusión técnica habitual en cualquier proceso que implique modificaciones metodológicas: vg. sustitución de la fuente de información utilizada para calcular la variación de precios de turismo, restricción de las mediciones referidas a medicina prepaga sólo respecto a precios autorizados, sin considerar los resultados reales de las observaciones de campo. En el grupo de las verduras, se descartaron mediciones observadas y validadas por la metodología vigente.
En el área técnica del ingreso de datos: se contrató a  personas sin capacidad comprobada para desempeñar tareas críticas en el operativo de carga de datos, desplazando sin causa a trabajadores con muchos años de experiencia y verificada idoneidad. A título ilustrativo, se destaca que uno de estos nuevos empleados había cumplido funciones de custodio en las oficinas durante los días anteriores. Todas estas acciones tuvieron como contexto la presencia de personal de seguridad no identificado,  produciendo un clima de intimidación, condicionando a  los trabajadores.
En general, se indujo a los trabajadores de todas las instancias de la Dirección a seguir instrucciones que no se corresponden con los manuales de procedimiento vigentes, reduciendo notablemente la calidad del sistema operativo. Ejemplo de  esto fue la introducción de la idea de que “hay determinados precios que no deben ser relevados”, justamente de aquellos productos que no cumplen con los acuerdos de precios establecidos por el gobierno.
Todas estas maniobras motivaron denuncias que dieron lugar a importantes causas judiciales, la primera de ellas puede denominarse el caso Mendoza que ampliaremos infra. En la actualidad de destaca, amparo presentado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal N-3 de Bs. As. por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), a fin de que el INDEC informe la metodología que utiliza actualmente para calcular el IPC. La jueza Claudia Rodríguez Vidal, titular de dicho juzgado, le ordenó al organismo entregar esa información en 20 días e instó al Instituto a que indique todas las modificaciones aplicadas para calcularlo y las razones por las cuales ellas han sido necesarias, tras considerar el pedido de ADC, como una expresión clara del derecho al acceso a la información, y además una efectiva y legítima participación ciudadana. 2
A pesar de que el discurso oficial hace referencia a la normalización del INDEC y la elaboración de un nuevo IPC que supere los supuestos problemas que presenta el vigente, los hechos no ratifican esas palabras: el 8 de mayo de 2008 se conocieron los lineamientos del nuevo índice de precios (IPC) elaborado por el INDEC, que mantiene algunos de los vicios más criticados del actual, bastan dos datos para corroborarlo: primero, la presentación del índice, que se realizó al cierre de la jornada, estuvo a cargo de Beatriz Paglieri, la actual directora de Indices de Precios de Consumo del instituto oficial, que fue presentada por la directora del organismo, Ana María Edwin. Ambas funcionarias formaron, junto con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el tridente que ejecutó los retoques a la medición de la inflación y la intervención del INDEC, en segundo lugar, el relevamiento de precios y el origen de la información, la crítica central que recae sobre el cálculo actual, se seguirá haciendo igual que hasta el momento. De esta manera el Gobierno terminó por convalidar, finalmente, todo lo hecho en el INDEC desde enero del año anterior.
Además el jefe de gabinete de ministros Alberto Fernández anunció en la presentación del nuevo índice: que el nuevo índice abarcará el consumo de dos tercios de los argentinos y el 77% de los productos y servicios disponibles en el país. El primer dato oficial se conocerá en junio, aunque todavía no se decidió si se difundirán ambos indicadores o sólo el nuevo. Fernández reveló que el INDEC mide los precios desde hace ocho meses con el nuevo sistema. No quiso responder qué inflación arrojó en ese tiempo.
De  esta manara el Gobierno espera desterrar las dudas sobre la veracidad de los datos oficiales. Muy lejos de los trabajadores del organismo que descreen de un verdadero cambio y del debate público que merecía por las constantes críticas a la medición de la inflación, indignados, trabajadores del INDEC que trabajan con el IPC, desconocen absolutamente los cambios en la metodología se quejaron con : “Confunden el secreto estadístico con el secreto de Estado. La metodología debería haber sido discutida de forma publica”.3
A modo de síntesis, verificamos que la situación de intervención y manipulación del INDEC, se evidenció de diferentes formas, a saber:

• Burda manipulación de los resultados estadísticos.
• Introducción de alteraciones metodológicas no justificadas, ni informadas.
• Omisión y falta de publicación de datos.
• Eliminación lisa y llana de líneas de trabajo preexistentes y probadas.
• Incorporación de más de un centenar de nuevos empleados, sin ninguna capacitación específica y sin los controles de calidad habituales.
• Congelamiento de equipos completos de trabajo.
• Sustitución y despidos de personal técnico capacitado
• Remoción directa de funcionaros de carrera a cargo de áreas claves.

Asistimos entonces – sin lugar a dudas – a un proceso de deterioro sistemático y continuo del INDEC, inserto en un clima de directivas arbitrarias y prepotentes, desconocido en el ámbito institucional del ente. Y somos concientes, que si estos hechos no se modifican, vamos en camino al desmantelamiento del Instituto.
El Caso en Mendoza:
El proceso de descalabro del INDEC no dejó afuera a la Provincia de Mendoza, que un intento de defender la objetividad y prácticas habituales en la producción de estadísticas provinciales, fue objeto de la inmediata intromisión por parte de las autoridades nacionales, hecho que la obligó a desdecir sus indicadores, variar sus metodologías de valoración, para someterse a las directivas del régimen nacional y así justificar los índices a la medida del poder central.
Vale recordar que el gobierno de Mendoza salió a desmentir la información brindada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que daba cuenta de una inflación en la provincia del 1,5 por ciento en agosto del 2007, cuando en realidad la variación registrada en el ámbito provincial, fue del 3,1 por ciento. La desmentida al comunicado del INDEC se dio a conocer por medio de la directora de Estadística de la provincia, Patricia Giménez, (por orden de la ex ministra de Economía, Laura Montero).
La polémica fue precedida por una demora de siete horas por parte del INDEC en dar la información del IPC nacional, que engloba la inflación de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y seis provincias (Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Catamarca) al término de una jornada en la que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había asegurado que en el país no había inflación. De esas seis provincias, además de Mendoza, también se conocieron protestas de funcionarios del gobierno de San Luis (donde la inflación de agosto fue del 3,3 por ciento), relacionadas con la manipulación de datos desde la sede del INDEC que, hasta ese momento, no alcanzaba a la información suministrada por las direcciones de Estadística provinciales.
Desde la misma Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE), Giménez envió una nota al INDEC «pidiendo explicaciones por la manipulación del índice oficial de nuestra provincia, que para este organismo fue 1,5 por ciento cuando lo que informó el gobierno de Mendoza es de 3,1 por ciento». “La información difundida no coincide con la recibida por esta Dirección el 24/09 a las 16.20 y a las 21.40, vía e-mail», señala Giménez en su nota a la directora del INDEC, Ana María Edwin. Según la funcionaria mendocina, en los dos horarios mencionados (el último, apenas 72 minutos antes de que se difundiera el comunicado oficial), «se comunica una variación del 3,1 por ciento en el Nivel General para la Provincia de Mendoza, la que coincide con la información analizada a través del sistema informático del INDEC, en ‘Reporte-Cálculo’, al día 21 de setiembre de 2007. Ese 3,1 por ciento había sido, a su vez, aprobado por la Dirección de Estadística de Mendoza «por correo enviado a Beatriz Paglieri a las 17.44″, añadió Giménez.».4
El mensaje de Giménez constituye la primera denuncia de manipulación de datos formulada por un funcionario con responsabilidad de conducción, ya que, hasta el momento, las protestas fueron realizadas por dirigentes políticos, técnicos, empleados del INDEC y profesionales del sector estadístico. En octubre (2007), Patricia Giménez fue desplazada de su puesto y la Provincia dio por válidas las cifras del INDEC, retroactivas a agosto.
El caso Mendoza llegó a los tribunales federales de Buenos Aires, consecuencia de las recurrentes denuncias del personal de INDEC y el eco que éstas encontraron en diversos sectores de la sociedad. Así, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, luego de haber verificado “maniobras delictivas regulares de adulteración del índice”, impulsó la investigación de una causa judicial que quedó cargo del juez federal Canicoba Corral. Este proceso, en principio apuntaba a la supuesta manipulación de la medición de la inflación en la provincia de Mendoza y también incluyó la investigación de irregularidades en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional. En el marco de la investigación, el fiscal se presentó en el Ministerio de Economía de la provincia de Mendoza, para llevarse toda la información registrada entre el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE); horas después de que los diputados nacionales Claudio Lozano y María América González denunciaran en la Justicia al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y a las autoridades del INDEC, por “la manipulación de los datos del índice de precios al consumidor en la provincia de Mendoza”. Los legisladores acusaron, además, a la directora general del organismo nacional, Ana María Edwin y a la titular de Índices de Precios de Consumo del organismo, Beatriz Paglieri, por el presunto delito de “falsificación ideológica de documento público”.
Luego de tomar testimonio a funcionarios del INDEC y de la Dirección Provincial de Estadística, el fiscal Garrido convocó a Ernesto Rosa, un experto en estadísticas para que verificara las operaciones matemáticas de los datos relevados. Así, sobre 67 ítem analizados, «en las 62 variedades restantes, la diferencia entre el promedio geométrico y el valor difundido por el INDEC ha sido siempre positiva, es decir que el valor difundido por el organismo ha sido siempre menor al resultado del cálculo sin adulteración».
Del informe del fiscal surgió que hay evidencias de que a partir de agosto funcionarios del INDEC hicieron «una alteración mágica» en el cálculo del Índice  de Precios de Mendoza.
En enero de 2008 el Gobernador Celso Jaque afirmó “Mendoza es parte del convenio con el INDEC y el sistema estadístico vigente es el del INDEC”.
Con esta frase, el gobernador Celso Jaque puso fin a las discrepancias por los datos de inflación que se venían registrando desde agosto del 2007 entre la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la provincia y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC); situación que había generado que por tres meses Mendoza tuvieron datos de inflación distintos a los que informaba la Nación, además de enfrentamientos políticos entre funcionarios provinciales con el gobierno central, denuncias cruzadas y hasta una investigación judicial, aún en proceso, por adulteración de información pública que tiene a Mendoza como caso testigo.
Por su parte, la nueva directora de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza, María Inés Crisafulli, dijo terminante: “No va a haber (más) anuncios en paralelo (desde Mendoza) porque habrá un solo dato oficial por ley y es el del INDEC”.5
Con estas declaraciones, el actual mandatario provincial perdió completamente la legitimidad  técnica de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la provincia, como así  también el respeto a la institucionalidad que venía distinguiendo como atributo  Mendoza.

III.- Efectos negativos del proceso de Manipulación de datos del INDEC:
La principal consecuencia de este proceso de desmantelamiento del INDEC, es que la Argentina se volvió un país sin estadísticas. Puesto que los informes que emite el organismo no son creíbles.
La inexistencia de datos ciertos, genera perjuicios directos en la realidad cotidiana. Que no haya datos ciertos sobre la evolución de los precios afecta el bolsillo de las familias, los planes de negocios de las empresas,  dificulta o directamente impide tomar decisiones en el sector privado, pone en peligro el crecimiento futuro y distorsiona elementos claves para el funcionamiento del Estado, como la fijación de un presupuesto o la determinación de políticas sociales.
Por otra parte se han sustituido sin criterios, ni justificaciones, metodologías técnicas de medición y registro de datos, que contaban con probada trayectoria, poseían sustento científico y estaban en línea con las que disponen otros países desarrollados, como fue ya indicado. Este hecho es otra consecuencia grave que afecta la credibilidad del organismo y la verosimilitud de  los informes oficiales, al haber destruido la línea histórica de trabajo del INDEC y su enorme desarrollo en comparabilidad estadística. Nadie pretende la inmovilidad de las metodologías de cálculo de los índices, pero toda modificación de prácticas metodológicas, debe seguir procedimientos y criterios estadísticos y económicos establecidos y aceptados internacionalmente, así como ser ampliamente consensuados en diferentes ámbitos (académicos, investigadores, especialistas en la materia, usuarios gubernamentales y no gubernamentales, Direcciones Provinciales de Estadística, países del Mercosur, organizaciones sociales, etc.). Reafirmamos entonces que sólo  a partir de estos procedimientos las estadísticas que se elaboren gozarán de credibilidad en el país y en el exterior.
Los efectos del proceso de descomposición del INDEC están a la vista y son objeto de preocupación y análisis por especialistas de distintas disciplinas que, marcan su preocupación sobre diversos aspectos.
Según el sociólogo Artemio López, “se ha  tornado casi imposible decir con exactitud cuánta cantidad de gente hay en cada tramo de la pirámide social. «Ya no sabemos bien cómo estratificar. Yo armo la pirámide, pero no sé si esa pirámide refleja la realidad. Si tengo una canasta de 4000 pesos, la comparo con los ingresos y eso determina la cantidad de gente. Pero si la canasta está subvalorada, entra más gente de la que debiera», indicó.  6
También emitió su opinión Luciana Díaz Frers, analista del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), quién puntualizó efectos distorsivos sobre las políticas sociales: «La subestimación de la inflación dificulta hacer una buena actualización de los planes sociales, y excluye a potenciales beneficiarios en los que las condiciones estén atadas a la línea de pobreza».
Tampoco se salva, el salario real, – sobre el cual se erige la puja distributiva – y el tipo de cambio real, la principal cifra sobre la competitividad de la economía. – Para evaluar el impacto que la primera variable puede tener en las paritarias, vale simplemente recordar una frase reciente del secretario general de la CGT, Hugo Moyano: “Yo, para reclamar salarios, tengo un INDEC propio”.7
La manipulación del índice oficial de precios (I.P.C.) distorsionó otros indicadores clave, como el del P.B.I.  – indicador que se utiliza para construir un conjunto de indicadores clave que permiten saber cómo está la economía -, la tasa de ahorro o el superávit fiscal, la presión tributaria, el volumen de la deuda, la participación del Estado en la economía y el grado de apertura comercial, entre otros, aparecen comprometidos.
El estado general de las estadísticas oficiales, se resume hoy en un novedoso indicador: epidemia. El virus, que en un principio pareció afectar a un solo indicador, se ha esparcido y contagiado a otros, sumiendo en la incertidumbre a empresarios y trabajadores e incluso hasta al propio Gobierno nacional.
Por otra parte, la enorme ausencia de datos fidedignos, hace que los consultores privados posean una demanda espontánea de datos confiables, de cifras que permitan saber fehacientemente dónde estamos parados, ya que el estado no brinda tal información. “La pregunta que te hacen todos es dónde pueden mirar la inflación real. Es la primera pregunta que apareció en enero de 2007 cuando empezaron a manejar el dato. Y no hay un indicador en el mercado que te permita reemplazar el IPC. La mejor proxy es la inflación en el interior”, comenta la directora del Estudio Bein & Asociados, Marina Dal Poggetto.
Además la intervención oficial del Instituto de Estadísticas y Censos genera una inequidad entre las empresas: “Una empresa grande puede contratar consultoría, con lo cual dentro de todo puede estar más o menos informada o contar con información adicional. Pero una empresa más chica no, y a la hora de ajustar los precios y los salarios, lo termina haciendo más informalmente”. (Fausto Spotorno, Estudio Orlando J. Ferreres & Asociados). El perfil de una realidad que comienza a preocupar no sólo a los inversores externos, los inversores pierden la capacidad no sólo de fijar una estrategia para el mediano plazo, sino que hasta tienen problemas para armar sus presupuestos, definir proyectos con la idea de crecer y hasta de plantear alternativas de inversión.
El no tener datos ciertos de inflación provoca que la inversión productiva, indispensable para mantener el crecimiento, se vea desalentada. Es que, además del aumento en las tasas de interés, el empresario encontrará dificultades adicionales para prever los beneficios de su actividad debido a la inseguridad en los precios futuros de los factores, los productos intermedios y los productos finales.
El director del CEDES, Roberto Frenkel, considera que el principal problema de la manipulación es que crea incertidumbre. “Es lo peor que puede haber para las expectativas inflacionarias, porque las estimaciones de inflación futura tienden a estar sobreestimadas porque se arman en función de que se está subestimando la inflación verdadera. La incertidumbre es, en sí misma, un elemento acelerador de la inflación”, subraya. El otro problema recae, paradójicamente, sobre el Estado. “Es el responsable de la política económica que está basada en esos indicadores”, señala.
Debemos tener en claro que mentir con la inflación genera un crecimiento de la economía ficticio. Se estima que con una inflación cercana al 20% en vez del 8,5% que marcó el INDEC, el PBI de Argentina habría crecido 5,5% en vez del 8,7% que anunció el Gobierno. Este crecimiento ficticio significa un incremento de la deuda pública, ya que tras el canje, los nuevos bonos repartidos entre los acreedores de la Argentina pagan más a medida que el país crece más.
Esta gran mentira, provoca una reducción artificial de los pagos de la deuda indexada por el C.E.R., que representa cerca del 42 por ciento de la deuda total. Un informe de Economía & Regiones, de principios de este año, le puso número al ahorro: ascendería a US$ 3.724,5 millones, si se asume una diferencia de cinco puntos entre la inflación real y la oficial. En esta maniobra, gana el Estado (logra así mayor recaudación de impuestos, IVA nacional o Ingresos Brutos provincial y pagar menos por la proporción de su deuda pública ajustada por CER) y se perjudican los tenedores de bonos.
A su vez al no haber una tasa de inflación creíble, tampoco hay herramientas para actualizar jubilaciones, ni contratos entre privados.
Debemos remarcar que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que releva el INDEC es altamente sensible; su incremento no sólo impacta sobre las necesidades básicas sino también castiga en mayor medida a la población de bajos recursos, que se caracterizan por tener ingresos fijos (asalariados).
Desde el primer trimestre de 2007, el INDEC no publicó más la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), información esencial, que sirve de  insumo de todas las estadísticas sociales.
desde la pobreza e indigencia hasta la distribución del ingreso.  Hasta entonces, la difusión de esa base estadística se promocionaba como un ejemplo de transparencia del Instituto.
Otro hecho lamentable que deja al desnudo la alevosía con la que se avasalló el trabajo del Instituto, es que el INDEC borró del calendario oficial la difusión de las cifras de pobreza. Según cálculos que circulan por despachos oficiales, volvió a subir al 30% de la población. La causa fue el salto del precio de los alimentos.
Esto significa que, con una inflación manipulada, hay muchos más pobres e indigentes de los que figuran oficialmente. Y al no figurar como tales para el Estado, no hay políticas de asistencia social que los ampare.
Con cuarenta días de retraso frente a lo que establecía el calendario oficial, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que la pobreza bajó de 23,4 a 20,7% durante el semestre octubre-marzo.
De esta manera la primera mandataria intentó poner fin a una polémica desatada por estimaciones privadas y de distintos organismos que aseguraban que en 2007 la pobreza quebró la tendencia a la baja y aumentó al 30% de la población. La diferencia con la medición oficial representa tres millones de pobres más. Esta  diferencia entre la medición oficial y las demás son los precios utilizados para establecer cuánto aumentó la canasta de bienes y servicios de referencia.
Pero estimaciones independientes hacen su propio relevamiento de los precios de la canasta básica. Artemio López ubica en 32% la suba anual de la canasta alimentaria y Claudio Lozano en 30 por ciento.
“El 2007 es el primer año donde el crecimiento económico convive con un alza -no baja- de la pobreza y un aumento de la indigencia, y esta tendencia se mantiene en 2008”. Los especialistas coinciden en que el año pasado se quebró la tendencia a la reducción de la pobreza iniciada en 2003. El último dato de pobreza elaborado con respaldo técnico fue el del segundo semestre de 2006”. 8

IV. Conclusiones:
Para concluir podemos afirmar que las modificaciones metodológicas no consensuadas e intempestivas efectuadas en el seno del INDEC, han implicado lisa y llanamente, la pérdida de la comparabilidad intertemporal nacional e internacional,  contribuyendo con ello al descrédito del organismo frente a la sociedad en su conjunto, a los diversos actores de la misma, y también ante organismos públicos y privados, nacionales e internacionales que utilizan las estadísticas producidas por el Instituto.
La crisis del INDEC, ha significado además una forma de menoscabo al conocimiento científico, al privilegiar resultados – falsos – por sobre el rigor técnico profesional, una forma de rebajar  los derechos de los trabajadores y afiliados sindicales del INDEC, a quienes no se les respetan las leyes laborales ni se les brinda la cobertura del Ministerio de Trabajo al respecto; una forma de presión a los Sindicatos, que deben absorber los costos de la manipulación del IPC, y una forma de intromisión a la Justicia, quien desde hace casi un año que investiga los hechos, aún con pruebas, no ha realizado una sola citación a indagatoria.
Señalamos además que el abuso más impactante y paradigmático de este proceso, ha sido la tergiversación/anulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, herramienta que permitía una aproximación a la inflación real, e incluía datos e información objetiva y dinámica provista por siete provincias, además de la zona metropolitana.
Denunciamos la manipulación de datos en el INDEC, ha tenido por principal objetivo: esconder la inflación, y que los efectos negativos más dañinos de este proceso son la incertidumbre y conflictividad social subsecuente de tales maniobras y la pérdida de la capacidad del Estado como diagnosticador, planificador y generador realista de políticas públicas, en especial de impacto socioeconómico.
Por último, decimos que las maniobras de manipulación, adulteración e intervención y falseamiento de registros que han limitado la autonomía y profesionalismo del INDEC resultan un claro y categórico golpe contra la calidad y legitimación de las instituciones públicas”, muy distante de las promesas electorales de la primer mandataria, responsable de este descalabro político institucional.

POR ELLO
El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:

DECLARA

Artículo 1º: El Concejo Deliberante de Rivadavia se manifiesta en favor de un Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que garantice su independencia administrativa y su perfil técnico profesional, como salvaguarda imprescindible para la producción de información estadística objetiva, confiable y veraz; y en contra de todo acto de intromisión y manipulación de dicho organismo por parte de cualquier gobierno en función.

Artículo 2º: Exhórtese a la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, a que proceda a instrumentar un proceso de normalización del INDEC, que garantice la  autoorganización funcional e independencia técnica del organismo, que respete la carrera administrativa, la antigüedad y la trayectoria profesional del personal removido en los últimos tiempos, y que evite toda acción de intromisión y desnaturalización que menoscabe el funcionamiento natural del INDEC, así como la integridad de las instituciones de la República y la confiabilidad internacional.

Artículo 3º: Remítase copia a los Municipios para que adhieran a la presente Declaración, y para su conocimiento a la Legislatura Provincial, al Congreso de la Nación y a la Presidencia de la Nación.

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de Declaraciones de este Cuerpo.

Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza a los 10 días del mes de junio de 2.008.

Cpde. Expte. Nº 2008-00271-5 C.D.