Declaración12-2016

DECLARACION Nº 12-16

VISTO:
La situación política de la hermana República Federativa del Brasil;

CONSIDERANDO:
Que es importante reivindicar las transformaciones realizadas en el vecino país a partir de los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y la confianza en que las mismas continuarán en el tiempo y darán impulso a procesos de reforma en América Latina.
Que históricamente, Latinoamérica ha vivido procesos políticos similares, y que luego del golpe cívico-militar al gobierno democrático del Presidente Manuel Zelaya en Honduras (2009) y el golpe parlamentario al gobierno democrático del Presidente Fernando Lugo en Paraguay (2012), un hecho de esta gravedad en la hermana República Federativa de Brasil significaría un gran retroceso para las democracias de América Latina.
Que la Canciller Susana Malcorra subrayó en el diario La Nación el «apoyo» de la Argentina a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en medio de la crisis política que atraviesa el país vecino. «Apoyamos a la presidenta, esperamos que Brasil resuelva esta crisis de manera institucional», planteó la funcionaria.
Que las opciones de gobernabilidad democrática dependen de una ecuación que considera el desarrollo político-institucional, el desarrollo económico y social y la integración de la población.
Que el desarrollo político-institucional se refiere a cuando el Estado es capaz de atender las demandas sociales. Las autoridades legítimamente electas ejercen el control efectivo del territorio, mantienen el monopolio de la fuerza, formulan y son capaces de implementar políticas sociales y económicas, recaudan impuestos y controlan efectivamente procesos administrativos diversos. Las instituciones del Estado garantizan y promueven el cumplimiento del Estado de derecho.
Que el desarrollo económico y social se refiere a cuando el estado-nación es capaz de generar un mínimo grado de desarrollo económico y social que asegura la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
Que la integración social se refiere a cuando el fortalecimiento del Estado de derecho implica que se generan condiciones básicas para el respeto de los derechos humanos y para la integración o inclusión de la ciudadanía al sistema democrático. Se promueven las condiciones necesarias para el respeto de los derechos de las minorías, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la superación de todas las formas de discriminación.
Que la gobernabilidad es un concepto esencialmente multidimensional y se convierte en realidad cuando estas tres condiciones se dan simultáneamente. Por tanto, para garantizar la gobernabilidad se requiere desarrollar un conjunto simultáneo de políticas en el ámbito de la integración social, el desarrollo económico y el desarrollo político-institucional.
Que en América Latina existe un contexto de incertidumbre donde, dada la experiencia de crisis recurrentes y debido a la emergencia de nuevos fenómenos globales, es probable que se repitan crisis de gobernabilidad tal como ha ocurrido en la última década.
Que América Latina aún es una región vulnerable, sujeta a problemas de gobernabilidad por un conjunto de circunstancias políticas, económicas y sociales. Si bien se han hecho esfuerzos multilaterales, gubernamentales y de la sociedad civil para atender aquellas vulnerabilidades, todavía existe un largo camino por recorrer.
Que a comienzos de los años ochenta iniciamos un prolongado proceso de democratización en la región, que hacía augurar un promisorio escenario de consolidación democrática y de incremento del bienestar económico y social.
Que después de más de treinta años, la región se encuentra lejos de la estabilidad esperada producto de una serie de factores externos e internos que en su conjunto hacen de América Latina una zona de alta vulnerabilidad.
Que las nuevas condiciones internacionales vinculadas a procesos de globalización e integración a mercados mundiales, unida a las turbulencias de la economía internacional, han afectado considerablemente al crecimiento de los países en desarrollo, generando escenarios de incertidumbre económica.
Que desde el punto de vista interno, se observan deficiencias en cuanto a la capacidad de los Estados para responder a las demandas sociales y la persistencia de problemas de pobreza y exclusión social.
Que con excepción de las amenazas transnacionales como el narcotráfico, las principales dificultades que enfrenta la región se refieren a problemas internos, incluyendo aspectos institucionales, económico sociales y de exclusión social.
Que es nuestra tarea, como parte de las instituciones del Estado, velar por la democracia y por la gobernabilidad, no solo en nuestro país, sino que también en el continente latinoamericano.

POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades:

DECLARA

Artículo 1º: Declárese el rechazo a los intentos de destitución de la Presidenta de la República Federativa de Brasil Dilma Rouseff.

Artículo 2º: Exprésese la confianza en que todos los sectores políticos, sociales y económicos respeten el sistema democrático y la voluntad popular expresada en las urnas

Artículo 3º: Notifíquese a la Cónsul General de la República Federativa del Brasil en Mendoza, Eliana da Costa e Silva Puglia.

Artículo 4º: Invítese al resto de los Concejos Deliberantes de la provincia y a la Honorable Legislatura de Mendoza a adherir a la presente declaración.

Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Declaraciones de este Cuerpo.

Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, (Mendoza), a los 28 días del mes de abril de 2016.

Cpde. Expte. Nº 2016-00090-9 H.C.D.