Ordenanza 4753-2014

ORDENANZA Nº 4753

VISTO:
La seria problemática económico social que viene afectando progresivamente el desarrollo de la actividad agrícola de origen vitivinícola, frutihortícola y olivícola en la provincia de Mendoza, impactando especialmente en los productores y familias rurales de nuestro departamento, e indirectamente en la población local en su conjunto.

CONSIDERANDO:
Desde una perspectiva general, verificamos que se han profundizado las causas que desde hace varios años vienen trazando una crisis objetiva de la agroindustria regional, menoscabando significativamente la producción y la capacidad de producción agrícola, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares y/o empresariales,  afectando directamente a las comunidades rurales que son el motor de la riqueza de los pueblos de la Zona Este, e indirectamente al conjunto de la sociedad local.
Concretamente, el Departamento de Rivadavia, cuya base económica primordial es eminentemente agrícola, el bienestar general de su población va de la mano de los precios pagados a su producción. Precios que desde hace al menos tres años resultan claramente insuficientes para cubrir el costo operativo de producción, repercutiendo directa e indirectamente en todos sectores de la población, en la sustentabilidad de las fuentes laborales y en el desarrollo del comercio.
Esta penosa realidad, ha sido reseñada en un informe económico departamental elevado por el Director de Desarrollo Económico del Departamento, en el Expediente n° 170-11-8D, solicita declaración de emergencia económico social. Allí se grafica que el departamento de Rivadavia produce un promedio de 2.300.000 quintales, lo que significa 1.540.000 hectolitros de vino, y si consideramos un aumento de un (1) centavo en el precio del vino, ello se traduciría en un $1.840.000 más que ingresarían a la economía del departamento, por ende diez (10) centavos representarían $18.400.000, y un aumento de un ($1) peso significaría $184.000.000 por año. Esto permite verificar que por cada mes circularían más de $15.000.000, o su equivalente diario de $510.000.
El informe citado traza un estudio sobre la evolución de principales costos de producción de la actividad vitivinícola y el impacto inflacionario sufrido en esos años, que constata con números duros y fríos una realidad innegable, que los precios del producto, no solo no arrojan una rentabilidad mínima, sino que ni siquiera cubren los costos de producción.
A continuación se reproducen los datos del Estudio de Evolución Trianual de los precios del vino, de los principales insumos de producción, y un promedio de la producción de quintales de uva por hectárea en la provincia, que sostienen el pedido de emergencia. (Fuente: Expediente n° 170-11-8-D)
– Acota el informe, a partir de un análisis de los precios pagados por el vino desde el año 2012 a la fecha, que el vino tinto ha subido desde el 2012 a la fecha el 9,2% y el vino blanco escurrido ha tenido un incremento del 37,4%.  * Fuente Bolsa de Comercio.

– Informa que la mano de obra, que es significativa en el costo de producción experimentó un incremento del 56% desde el 2012 a la fecha, considerando el valor diario de un obrero inicial, que dicta el cuadro siguiente.

– La variación del precio del gasoil, otro importante componente, tomada al mes de octubre de los últimos tres años, fue del 277%.

– Por su parte, el derecho de riego de una propiedad de la zona este, la variación arrojó un aumento del 281%.

– Otro insumo de alto impacto en el costo productivo, son los agroquímicos, cuya evolución en el período en examen, significó un 100% de aumento, según datos de comercios de nuestra plaza.

También se relevó la Producción promedio de los últimos tres años de la provincia de Mendoza.

El informe comprueba la gravedad del sector agrícola, a partir de los datos de base científica reseñados en una ponencia recientemente presentada en la FAI-Congreso 2014, que determinó un costo promedio de producción de $25.000 por ha. (sin considerar amortizaciones, ni utilidades), tomando el promedio de producción más alto de los últimos años de 127,6 qq de uvas tintas por has., el productor que elaboró, recibió en el mejor de los casos 65 litros por qq, lo que significa que dispuso de 8.257,6 litros para la venta, a  un precio de $2,659 el litro, hace un total de $ 21.948,70. Esta simulación presenta un caso ideal, conforme las variables existentes, y ni así se alcanza a cubrir los costos de producción (sin amortizaciones, ni utilidades).
Cabe agregar, que todas la operaciones de vino se realizan a plazo, lo normal es a 5 meses o 10 quincenas, en el mejor de los casos, sin embargo la mayoría de las empresas compradoras solicitan que la factura se realice de contado, debiendo el productos liquidar el impuesto total de una vez, cuando el pago es fraccionado en un contexto inflacionario, agudizando la problemática del sector.
El hecho innegable de que los productores vitícolas no cubren los costos de producción con lo obtenido por sus ventas, importa una ardua situación que se viene repitiendo año a año, y que no solo desalienta el trabajo rural, provocando la merma de labores y en no pocos casos el abandono de tierras productivas, (puesto el producido apenas les permite sostener la estructura, y en muchos casos ni eso, debiendo vender mayores cantidades de producto a menor precio y a mayor plazo de financiación, en un marco inflacionario), sino que además repercute en la población en su conjunto, al impactar negativamente en el trabajo, el comercio y demás servicios vinculados.
Estos datos que se aplican a la realidad socioeconómica de Rivadavia, son similares en prácticamente todos los Departamentos productivos  de la provincia.  Por ende podríamos afirmar sin temor a error, que la provincia de Mendoza, presenta una crisis objetiva de su agroindustria, en todos los sectores, no solo el vitícola.
Vemos entonces, que las acciones implementadas por el Estado Provincial, han sido totalmente inconsistentes para provocar una revitalización sostenida de la producción local, conforme los requerimientos y complejidades del mundo global y necesidades de las comunidades locales.  Más bien resultan parches coyunturales que una vez concluidos sus efímeros efectos, ponen al desnudo una total carencia de planificación económica y visión estratégica respecto de las principales actividades económicas – principalmente la vitivinícola – que definen el perfil productivo de la provincia y la identidad de la provincia.
Se desperdician recursos y se multiplican organismos y entidades con objetivos fragmentarios e intereses retóricos y corporativos cuyos resultados son cada vez peores. Se impone en el caso la revisión del papel de la Coviar, y las distorsiones en los objetivos de su plan 20/20, así como la imposición de sanciones extremas, como es el caso de bloqueos de bodegas, bajo la complacencia y silencio del I.N.V., se impone además revisar el pago del arancel sobre la reglamentación de las balanzas electrónicas, y del convenio de corresponsabilidad gremial, hasta tanto se alcance una recomposición del sector. Cabe a su vez una autocrítica por parte de las entidades representativas del sector frente a estos problemas, contribuyendo con su inacción y falta de liderazgo dirigencial, en su agravamiento.
Lo cierto es que la producción vitivinícola viene en caída libre, como también las demás producciones de frutos y olivos.  Y no es solo una opinión discursiva, es la comprobación de causas y situaciones concretas, que de no abordarse con seriedad, nos obligan a preguntarnos si realmente la agroindustria de base vitícola, es la actividad que define nuestro perfil productivo provincial.
La falta de abordaje de un plan productivo, sostenido, realista y equitativo que atienda los problemas y necesidades integrales de productores y comunidades rurales, nos ha llevado a este estado de situación, donde es creciente el abandono de fundos con cultivos de pequeñas y medianas superficies, así como el retraso y deserción de las labores culturales necesarias para lograr un adecuado ciclo productivo, dibujando un cuadro socioeconómico en donde avanza la migración de personas residentes de zonas rurales a los centros urbanos y periurbanos, en tanto no encuentran condiciones de trabajo estable y posibilidades de desarrollo a futuro para sus familias, y que luego confluyen en la conformación de cinturones urbanos con asentamientos inestables y condiciones de vida irregulares, que reproducen problemas de convivencia, trabajo informal e inseguridad en las atestadas ciudades, mientras el campo se vacía y se empobrece.
Estos problemas han sido abordados por los distintos disertantes en la FAI-Congreso 2014, y pueden graficarse con una frase contundente que apuntó el Sr. Intendente de Rivadavia, Lic. Ricardo Mansur, al decir que: “cuando se descuida el campo, crece el yuyo en la ciudad.”
Tampoco los cultivos están planificados, crece la implantación desordenada de hectáreas cultivadas, sin base en un programa coordinado de mediano y largo plazo, contribuyendo a ampliar la sobreoferta de producto, la posterior caída del precio (principal problema del sector), para concluir en un nociva y desoladora erradicación de cultivos, describiendo un círculo vicioso que repite sus negativas consecuencias económico-sociales, sobre todo para cultivos pruliranuales, que demandan inversiones de largo plazo, y que ameritan decisiones bien tomadas para varios años. Deviene entonces imperioso regular la implantación de nuevos viñedos, conforme la evolución de la industria vitivinícola, estudios agronómicos y climatológicos adecuados, priorizando los emprendimientos familiares y de empresas genuinas, con trayectoria y vínculos con el rubro agrícola, es decir, ajenos a repentinos e improvisados mega-negocios instantáneos, fondos de inversión y/o diferimientos impositivos que desfiguran la vida productiva de las regiones.
El problema de la caída del precio del producto agrícola, y en especial del vino, es un tema a abordar con premura, pues como se dijo anteriormente, con los precios actuales, el productor pyme apenas sobrevive, o está en situación de quebranto o directamente abandonó la actividad por falta de rentabilidad y estímulos a la producción.
Los altos costos de la asistencia financiera para el fomento del aparato productivo; es un tema que también integra la compleja trama de esta problemática, sin perjuicio de los logros que han tenidos ciertas líneas del FTyC, lo cierto es que hoy el productor, no puede asumir los vencimientos  en vigor.
En materia de creación y defensa del empleo rural, estudios del grupo Crea, estiman que cada cinco y siete hectáreas de vid plantadas, se ocupa un obrero rural en forma directa y permanente, según la tecnología incorporada al viñedo, a lo que debemos sumar, las fuentes empleo que se incorporan desde que esa materia prima, se industrializa y llega al consumidor.  Hoy la crisis de la actividad, corta el hilo por lo más delgado, siendo los trabajadores, por donde más se achica el costo de producción, siendo ellos a quienes se les recortan las horas de trabajo, a quienes se ocupan en menos labores y también a quienes se deja en situación de cesantía, por ello resulta imperioso tomar medidas para evitar la pérdida de las intensivas fuentes laborales que requiere una fecunda producción agrícola en la provincia de Mendoza.
El cuadro de dificultades, se completa con un notorio abandono en el mantenimiento de los caminos rurales y de una sentida falta de inversión en obras de infraestructura y servicios en las zonas rurales, que traba la eficiencia productiva y contribuye al desapego y al éxodo rural arriba referido.
Otras de las imprevisiones que emergen de la falta de ese significativo plan productivo, tiene un fuerte correlato en la fase de comercialización de los productos de base agrícola. Aquí la falta de una política comercial lúcida y sustentada en el tiempo, ha permitido un desvío gradual y progresivo en las preferencias de consumo del vino, especialmente del vino común, que pese a sus esfuerzos notables en la mejora de su calidad, ha sido gradualmente reemplazado por otras bebidas, como gaseosas, aperitivos, y  cervezas, resumiendo una lamentable “caída del consumo del vino” en el mercado interno. Otro efecto de esta omisión, que viene de la mano de la ausencia de políticas nacionales para las economías regionales y de una grosera falta de defensa de los intereses de la Provincia, en un claro retroceso del federalismo, viene siendo la “pérdida de mercados internacionales”, esforzadamente ganados por uno de los sectores más competitivos de la economía nacional. Así vemos cómo es progresiva la caída o restricción de exportaciones de vino, por causa de la imposición de aranceles al ingreso de productos de los principales mercados y socios comerciales, como el de Brasil, y ante la indiferencia del gobierno provincial.
La falta de planificación agraria termina siendo a la postre un problema para el Estado, que en época de crisis sale socorrer a productores en emergencia a través de la implementación de soluciones de corto plazo, sean subsidios, suspensiones y/o reintegros impositivos, y/o placebos improductivos,  que no contribuyen a las soluciones de fondo y más bien dilatan y/o agravan los problemas.
Y si a ese cóctel de imprevisiones y yerros provinciales, le sumamos la progresiva carga de desaciertos macroeconómicos de nivel nacional, el estado de cosas torna de suma gravedad. Aquí, la inflación descontrolada, dispara los costos de producción, como ya referimos, insumos y salarios pujan en alza, mientras el precio del producto se mantiene o directamente cae. Al mismo tiempo, una presión impositiva e innumerables gravámenes al productor, tornan inviable el desenvolvimiento de la actividad, sobre todo en impuestos específicos que impactan en el pequeño productor, como el impuesto al tacho, que permite el bloqueo, por falta de pago del convenio de corresponsabilidad gremial y hace corresponsable al elaborador, el arancel por habilitación y control de balanzas electrónicas, los desembolsos a la Coviar, el oneroso servicio de irrigación por solo citar algunos, y sin perjuicio de los impuestos nacionales y provinciales tradicionales como ganancias e ingresos brutos.  El control de cambios y atraso cambiario, es otro factor que desalienta las exportaciones, y deben ser objeto de reclamos.
Capítulo aparte merece el tratamiento de herramientas de asistencia a productores afectados por situaciones de emergencia y/o el desastre natural, que permita recuperar su capacidad productiva y reducir la vulnerabilidad para eventos futuros. Este es otra arista de una vital e indispensable planificación coordinada.
La situación de emergencia descripta es notoria e ineludible, y si bien requiere un abordaje integral a partir de medidas de fondo, sostenidas en el tiempo, interdisciplinarias y planificadas, la coyuntura actual requiere ineludiblemente de la intervención estatal a partir de medidas urgentes.

POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades

ORDENA

Artículo 1º:  Declarar la emergencia económico social en el Departamento de Rivadavia.

Artículo 2º: Solicitar al Gobierno de la Provincia de Mendoza, para que a través de áreas técnicas competentes, procedan a impulsar ante los Ministerios y Reparticiones nacionales y provinciales competentes, las medidas paliativas que requiere la coyuntura económico social para hacer frente a la crisis del sector agroindustrial de la Provincia, hasta tanto opere una recomposición del mismo. A tal efecto se solicita, ordenen:
A.) Prorrogar los vencimientos de créditos adeudados al Fondo de Transformación y Crecimiento de Mendoza, sin que ello implique traba u obstáculo para la toma de nuevos créditos, fundamentalmente de cosecha y acarreo. Solicitar a dicho organismo, simplifique y/o facilite la requisitoria de estilo, para la toma de créditos destinados a la reactivación de pequeños y medianos productores. –
B.) Suspender el cobro del convenio de corresponsabilidad fiscal (gremial).- C.) Suspender los cortes de agua por falta de pago al D.G.I.-
D.) Suspender las intimaciones, demandas y bloqueos que realizan distintas instituciones regulatorias del sector.-
E.) Incorporar un porcentaje de ajuste por inflación, en la declaraciones juradas de ganancias e ingresos brutos.-
F.) Establecer medidas de intervención en el mercado, tendientes a retirar los excedentes vínicos, a través de programas de exportaciones, de incorporación de mosto concentrado en la edulcoración de jugos y gaseosas, de destilación, y de agregación de alcohol destilado en la producción de alconaftas.-
G.) Fijar un programa provincial de compra de vino para exportación y/o destilación, a un precio de referencia no menor de $3,50 el blanco escurrido y $ 4,50 el tinto genérico, que no esté condicionado a la presentación de libre deuda en impuestos provinciales.-
H.) Ordenar la eliminación del mercado o venta de cupos para la realización de mosto, haciendo los mismos de carácter intransferible.-

Artículo 3º: Promover la creación un espacio interdisciplinario, que tenga por objeto el estudio y diagramación de un Plan Productivo para actividades agrícolas de la provincia, entre las que se destaque como capítulo especial, la regulación y/o prohibición de la implantación de nuevos viñedos y la sustitución y/o reconversión de viñedos decrépitos por un plazo determinado y conforme la evolución de la industria vitivinícola, priorizando los emprendimientos familiares y de empresas genuinas con arraigo en la industria agro-vitícola.-

Artículo 4º: Remítase copia de la presente pieza legal, al Departamento Ejecutivo departamental, al Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza, a ambas Cámaras de la Legislatura Provincial, a los Concejos Deliberantes de la Provincia y a las distintas entidades representativas del sector agrícola de Mendoza, para su conocimiento y demás efectos.-

Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo

Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 28 días del mes de noviembre de 2014.

Cpde. Expte. Nº 2014-00302-0   H.C.D.